Secretario de Seguridad desconoce situación de empresas ligadas a presunto huachicol en SLP
Jesús Juárez Hernández aseguró que se trata de un asunto de competencia federal y reconoció que no cuenta con información para determinar si los establecimientos operaban de manera ilegal.
San Luis Potosí, S.L.P.– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, reconoció que desconoce la situación jurídica y operativa de las empresas que han sido detectadas en San Luis Potosí en acciones relacionadas con presunto almacenamiento o manejo irregular de hidrocarburos.
Cuestionado sobre estos establecimientos, el funcionario estatal sostuvo que las investigaciones y procedimientos corresponden a las autoridades federales, por lo que la dependencia a su cargo no cuenta con datos que permitan establecer si las empresas involucradas operaban de manera ilegal.
“Es un tema federal y se resolverá de manera federal”, señaló Juárez Hernández al deslindar a la Secretaría de Seguridad estatal de las investigaciones.
El secretario explicó que, en algunos casos, las intervenciones de las autoridades pueden estar relacionadas con la falta de permisos, verificaciones u otros requisitos administrativos; sin embargo, reconoció que no tiene elementos para precisar cuál es la situación particular de las empresas detectadas en territorio potosino.
Juárez Hernández tampoco pudo confirmar si se trata propiamente de empresas dedicadas a actividades ilícitas relacionadas con el llamado “huachicol” o si las irregularidades encontradas corresponden únicamente a incumplimientos administrativos.
El funcionario reiteró que, al encontrarse el tema fuera de la jurisdicción estatal, serán las instancias federales las encargadas de determinar la legalidad de las operaciones, así como informar sobre las investigaciones y posibles responsabilidades derivadas de estos casos.
De esta manera, pese a los hallazgos registrados en San Luis Potosí, la Secretaría de Seguridad estatal reconoció no contar hasta el momento con información sobre el estatus de las empresas involucradas ni sobre las posibles irregularidades que motivaron la intervención de autoridades federales.