San Luis Potosí, SLP.- Los ayuntamientos de San Antonio y Tancanhuitz aprobaron, por unanimidad de sus respectivos cabildos, acuerdos para prohibir y rechazar la práctica de la fracturación hidráulica (fracking), así como cualquier megaproyecto extractivo y el uso de explosivos relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de impedir el desarrollo de este tipo de actividades en ambos municipios de la Huasteca Potosina.
La primera determinación fue tomada por el Cabildo de San Antonio el pasado 21 de julio, tras las protestas registradas desde el 7 de junio y durante las primeras semanas de julio de 2026, cuando comunidades indígenas levantaron actas de asamblea de no consentimiento, invocando su personalidad jurídica como sujetos de derecho público constitucionalmente reconocidos. Posteriormente, el 23 de julio, el Cabildo de Tancanhuitz aprobó un acuerdo similar durante una Sesión Extraordinaria de carácter semiabierto, con la participación de autoridades tradicionales y representantes de comunidades tének y náhuatl.
Con ambas resoluciones, suman dos municipios que cierran la puerta a los proyectos promovidos por Pemex, luego de que la empresa solicitara a diversos ayuntamientos de la Huasteca mantener vigentes autorizaciones para el uso y depósito de explosivos.
En San Antonio, el presidente municipal Benito González Hernández destacó que la decisión responde a la voluntad de las comunidades indígenas y a la defensa del territorio.
“Hoy nos levantamos no solo como individuos, sino como una sola voz unida por un propósito inquebrantable: decir un no rotundo, definitivo e irrefutable al fracking. Esta técnica disfrazada falsamente de progreso es una amenaza directa a nuestros recursos más sagrados: nuestra tierra, nuestra agua y nuestra vida. El gobierno que me honro en presidir es del pueblo y está con el pueblo; la soberanía energética jamás debe lograrse a costa de entregar nuestro futuro y destruir el entorno”.
Por su parte, durante la sesión en Tancanhuitz, integrantes del Cabildo señalaron que el rechazo también comprende proyectos mineros y otras actividades que consideran perjudiciales para el medio ambiente y la salud.
“¿Quiénes serían los beneficiados? No serán los pueblos originarios sino las grandes empresas extranjeras (…) No podemos cambiar agua limpia y salud por más combustible… No estoy en contra del progreso, estoy en contra del progreso que destruye nuestro hogar”.
Con estos acuerdos, ambos ayuntamientos establecen un blindaje legal y ambiental al prohibir la emisión de licencias de construcción, autorizaciones de uso de suelo, permisos para el uso de explosivos o la firma de convenios relacionados con proyectos de fracking impulsados por Pemex, además de refrendar la defensa del territorio y de las fuentes de abastecimiento de agua de las comunidades originarias.