San Luis Potosí, SLP.- Colectivos protectores de animales y activistas dieron a conocer un pronunciamiento público para manifestar su inconformidad con la determinación que permitió que el hombre señalado por la muerte de dos perros en el campo Los Delfines, en Soledad de Graciano Sánchez, enfrente el proceso penal en libertad.
Mediante un documento dirigido a autoridades, medios de comunicación y a la sociedad en general, las organizaciones cuestionaron la actuación de la Fiscalía General del Estado al considerar que no se expusieron con suficiente firmeza los elementos necesarios para solicitar medidas cautelares más severas contra el imputado.
Los colectivos subrayaron que los actos de violencia cometidos contra los animales no deben ser considerados de menor importancia, al advertir que se trata de conductas de extrema crueldad que generan preocupación por sus repercusiones dentro de la comunidad.
En el posicionamiento sostienen que la utilización de un mecanismo de agresión de alta peligrosidad para causar daño a seres indefensos debió tener un peso mayor al momento de valorar el riesgo que representa el acusado, ya que este tipo de hechos también provoca inquietud entre vecinos, testigos y ciudadanos que habitan en la zona donde ocurrieron los acontecimientos.
Asimismo, señalaron que el hecho de que existan dos víctimas distintas constituye un elemento relevante dentro de la investigación, pues cada agresión ocurrió de manera independiente y, por tanto, consideran que deben analizarse por separado para determinar las responsabilidades correspondientes.
Respecto a las referencias hechas sobre la edad avanzada y posibles condiciones de salud mental del imputado, las organizaciones indicaron que cualquier circunstancia de esa naturaleza debe sustentarse mediante dictámenes periciales oficiales y técnicamente fundamentados, sin que ello implique dejar de evaluar el riesgo social asociado a los hechos denunciados.
Los activistas también advirtieron sobre el mensaje que se transmite a la sociedad cuando casos de alto impacto por maltrato animal derivan en medidas que son percibidas por una parte de la ciudadanía como insuficientes, situación que, señalaron, puede afectar la confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia y desalentar futuras denuncias.
Entre las demandas planteadas, solicitaron a la Fiscalía General del Estado robustecer las investigaciones mediante peritajes científicos y una revisión integral de las conductas posiblemente constitutivas de delito. Del mismo modo, exhortaron al Poder Judicial a considerar la gravedad de los hechos, la seguridad de la comunidad y los principios de bienestar animal al resolver las distintas etapas del proceso.
Finalmente, hicieron un llamado al Congreso del Estado para que, durante el análisis de la denominada Ley Hope, se fortalezcan las disposiciones encaminadas a proteger a los animales y combatir el maltrato. Los colectivos aseguraron que mantendrán el seguimiento del caso y reiteraron su exigencia de una respuesta institucional acorde con la gravedad de los hechos, recordando a Laika, Solovino, Hope, Hachi y a otras víctimas de violencia animal.